Fecha de recepción: 25/09/24 / Fecha de revisión: 11/10/24 / Fecha de aceptación: 13/12/24

Introducción

La crisis de los derechos humanos en Honduras está marcada por la presencia de violencia y la persecución hacia los y las defensoras de derechos humanos. En esa medida, los defensores del medioambiente, los derechos indígenas y territoriales, entre otros, han sufrido amenazas, ataques e incluso homicidios. Asimismo, el aumento de estos casos en los últimos diez años ha preocupado a organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021). En contraposición, el Gobierno hondureño ha establecido mecanismos de defensa en respuesta a esta situación, aunque se han cuestionado por su ineficacia y su falta de recursos. Por lo tanto, para comprender su capacidad de respuesta sobre las crecientes amenazas, el objetivo de este artículo consistió en examinar cómo se estructuran y funcionan estos mecanismos.

Se considera que Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, especialmente para los defensores de derechos ambientales y terrestres. Más de 148 defensores del medioambiente fueron asesinados en el país entre 2012 y 2023, lo que convirtió al territorio, según Global Witness (2024), en uno de los lugares más mortíferos del mundo. La impunidad, la corrupción y la falta de voluntad política son las causas de esta situación (Amnistía Internacional, 2020).

Después de las crecientes denuncias de violencia contra defensores, Honduras ha implementado algunos mecanismos de protección, como el Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, establecido en 2015 bajo la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos (Decreto Legislativo No. 34-2015).

En efecto, el objetivo de este mecanismo consiste en brindar medidas preventivas y de protección a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo debido a su trabajo. Puede tomar medidas como protección física, acompañamiento policial y acción legal. Sin embargo, su aplicación ha sido ineficaz debido a la falta de recursos y la falta de capacidad institucional para proporcionar una respuesta rápida y efectiva (Human Rights Watch, 2021).

Sin embargo, el mecanismo se ha criticado por varias razones a pesar de su existencia. En primer lugar, hay una falta de recursos financieros y humanos para garantizar la implementación de las medidas de protección. Al respecto, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras (2022) indica que los fondos destinados al mecanismo son insuficientes para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. Además, muchos defensores han señalado que la protección proporcionada es insuficiente o llega tarde.

En segundo lugar, la mayoría de las personas tienen una actitud desconfiada hacia las organizaciones responsables de la protección. En ese sentido, dado que algunas de las amenazas provienen de actores estatales o grupos vinculados al Gobierno, muchos defensores conciben a las fuerzas de seguridad como parte del problema. Como consecuencia, la situación ha llevado a ciertos partidarios a rechazar las medidas propuestas y a buscar soluciones no oficiales como el autoexilio.

Por tal razón, es esencial modificar y reforzar los mecanismos de protección existentes. Para que el mecanismo pueda atender las solicitudes de los defensores en riesgo, primero se debe aumentar la asignación presupuestaria. Además, es esencial capacitar y educar a las fuerzas de seguridad y a los operadores de justicia sobre los derechos humanos y la importancia de los defensores en la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, la creación de espacios de discusión entre el Gobierno, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos es otra propuesta importante para identificar áreas de mejora en los mecanismos actuales. En tal medida, organizaciones internacionales han sugerido que los defensores participen activamente en la evaluación y monitoreo de las medidas de protección implementadas (Global Witness, 2024).

Situación General de los derechos humanos en Honduras

Uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica para los defensores de derechos humanos es Honduras, especialmente para los activistas ambientales, territoriales y de derechos LGBTI. Al respecto, la Amnistía Internacional (2020) afirmó que los defensores de derechos humanos y ambientales, así como los activistas LGBTI, son víctimas de campañas de desprestigio, criminalización, amenazas, agresiones e incluso homicidios en un entorno marcado por la impunidad.

Según el informe anual de 2022 de la organización no gubernamental Global Witness, las agresiones mortales contra los defensores de derechos humanos en Honduras son un problema grave. Para este grupo, en ese año se registraron 14 asesinatos, lo que convierte al país en el más letal del mundo por persona. Como resultado, la situación preocupante ha llevado a la creación del Sistema Nacional de Protección en 2015, mediante el Decreto No34-2015, que estableció la "Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia". Es importante señalar que los derechos humanos de las personas en defensa son protegidos por esta ley.

Sin embargo, informes de organizaciones como Human Rights Watch (2021) indicaron que el mecanismo de protección carece de personal y recursos financieros adecuados, lo que lo hace ineficaz. Además, en lugar de abordar las causas estructurales del conflicto, se ha priorizado la implementación de medidas reactivas.

Adicionalmente, un diagnóstico emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2019) identificó más de 125 recomendaciones para fortalecer el Sistema Nacional de Protección, al destacar la importancia de garantizar personal suficiente, autonomía financiera y una estructura operativa ágil. Igualmente, el informe destacó la importancia de un financiamiento flexible que permita una planificación adecuada y garantice la continuidad de las operaciones del sistema sin interrupciones.

Por su parte, Forst (2016), relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y Orozco (2016), relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, llamaron al Gobierno hondureño a tomar medidas rápidas y efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar que puedan desempeñar su trabajo sin temor a represalias o violencia.

En 2019, el relator de la ONU reiteró que Honduras era uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina. Sobre esto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó al menos 120 ataques contra defensores de derechos humanos, incluidos 78 activistas ambientales y territoriales, entre enero y agosto de 2022. Estos defensores son frecuentemente acusados injustamente de delitos como robo o apropiación indebida para obstaculizar su trabajo (OACNUDH, 2022).

Según la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en 2018, los altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión tienen un impacto desproporcionado en mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI y otras poblaciones vulnerables, lo que empeora la situación de los derechos humanos en el país (CIDH, 2018).

Finalmente, en 2023, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) informó sobre un contexto de desigualdad y violencia en Honduras, donde el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha causado muertes ilícitas, especialmente entre jóvenes, mujeres, personas LGBTIQA+ y defensores de derechos humanos.

Metodológico

Diseño de la investigación

Este artículo utilizó un enfoque cualitativo para analizar la efectividad de los sistemas de protección de derechos humanos en Honduras y su impacto en la seguridad de los defensores de derechos humanos. Dicho esto, se presentan a continuación los componentes metodológicos principales:

Revisión documental

Se llevó a cabo una revisión minuciosa de los documentos oficiales, informes de organizaciones nacionales e internacionales y normativas relacionadas con la protección de los derechos humanos en Honduras. Los documentos clave incluyen:

• La Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Decreto Legislativo No. 34-2015).
• Informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Global Witness.
• Informes nacionales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.

De conformidad con lo anterior, estos documentos establecieron una base para el análisis de los mecanismos legales y políticos actuales, así como la evaluación de las discrepancias entre la teoría y la práctica.

Análisis de casos

Se seleccionaron estudios de casos específicos que reflejan la situación de defensores de derechos humanos en Honduras para complementar la revisión documental. Casos emblemáticos como los de defensores del medioambiente, activistas indígenas y operadores de justicia se eligieron. Estos casos permiten observar cómo se utilizan los mecanismos de protección y sus efectos.

Entrevistas semiestructuradas

A pesar de que no se llevaron a cabo entrevistas directas, este artículo se basa en testimonios y entrevistas previas recopiladas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Las entrevistas semiestructuradas realizadas por estas organizaciones a los y las defensoras de derechos humanos en Honduras proporcionan información cualitativa valiosa sobre las percepciones de los beneficiarios del mecanismo de protección, su eficacia y los desafíos que enfrentan.

Análisis comparativo

Se llevó a cabo una evaluación de las similitudes y diferencias entre los mecanismos de seguridad de Honduras y los de otros países de la región, como México y Colombia, que cuentan con sistemas similares. Esto ayudó a identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que podrían aplicarse en Honduras.

Limitaciones del estudio

Es importante señalar que este análisis se basó en fuentes secundarias, lo que significa que la investigación dependió en gran medida de la información disponible en informes y estudios previos. Además, la capacidad de evaluar ciertos aspectos del funcionamiento del mecanismo se ve limitada por la falta de acceso a datos actualizados y entrevistas directas con los actores principales en Honduras.

Marco teórico

Los principios de los derechos humanos y la protección internacional de los defensores de derechos humanos sirven como base teórica para este artículo. La ONU afirmó que los defensores de derechos humanos son aquellos que, de manera individual o colectiva, promueven y protegen los derechos humanos, reconocidos universalmente. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU (1998) señaló que los Estados deben protegerlos. En tal sentido, se podría argüir que el marco teórico en Honduras se basa en las teorías de la gobernanza de los derechos humanos, el Estado de derecho y la justicia transicional, que son elementos esenciales para comprender las dinámicas de protección.

Se supone que, desde la perspectiva de la gobernanza de derechos humanos, el Estado debe establecer estructuras institucionales para proteger los derechos fundamentales. Las redes transnacionales de activismo pueden influir en la política interna de los Estados, lo que genera presión internacional para que se establezcan marcos de protección más fuertes, según Keck y Sikkink (1998). Al respecto, la teoría del Estado de derecho afirmó que la protección de los derechos humanos depende de un sistema jurídico sólido y una corte independiente. Sin embargo, en Honduras existen brechas significativas que dificultan la protección adecuada.

Adicionalmente, el enfoque de justicia transicional es relevante en contextos como el hondureño, donde la violencia y las violaciones de derechos humanos han estado presentes durante mucho tiempo. Para proteger a las personas más vulnerables, incluidos los defensores de derechos humanos, la justicia transicional enfatiza la necesidad de mecanismos de reparación, justicia y no repetición (Teitel, 2003).

El Sistema Nacional de Protección para Defensores de derechos humanos en Honduras

El Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras es una herramienta creada ante la creciente necesidad de proteger a estos grupos, quienes enfrentan amenazas debido a su labor de defensa de los bienes comunes y públicos. En ese sentido, este sistema busca garantizar la seguridad y protección de los defensores en el contexto de un país con altos niveles de conflictividad vinculada al modelo económico neoliberal y extractivista que predomina en diversas regiones. Ahora bien, estos defensores se enfrentan a riesgos como persecución, violencia y asesinatos, muchos de ellos vinculados a intereses políticos y económicos que buscan explotar los recursos naturales del país (CIDH, 2022).

Por otro lado, el marco normativo que sostiene este sistema se encuentra en la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, especialmente amparado en el artículo 19, el cual establece las obligaciones del Estado para garantizar medidas adecuadas de protección. De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Derechos Humanos es la entidad rectora que coordina el sistema, y se apoya en varias instituciones clave para su funcionamiento (Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, 2016).

Estructura del sistema

El Sistema Nacional de Protección está constituido por cinco entidades principales:

1. Secretaría de Derechos Humanos: Es la institución rectora del sistema, encargada de coordinar y supervisar su funcionamiento.
2. Dirección General del Sistema de Protección: Se encarga de la operatividad del sistema, gestionando las medidas de protección y su implementación.
3. Consejo Nacional de Protección: Es un espacio de asesoría y participación donde intervienen tanto instituciones del Estado como organizaciones de la sociedad civil. Su rol es supervisar y proponer mejoras al sistema.
4. Comité Técnico: Es el órgano que dicta y otorga las medidas de protección. Su composición incluye representantes del Estado y la sociedad civil.
5. Instancias Operativas: Incluyen diversas unidades dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, tales como la Unidad de Recepción de Casos, la Unidad de Análisis de Riesgo, y la Unidad de Implementación y Seguimiento.

Cada una de estas entidades tiene roles específicos en la recepción de denuncias, el análisis del riesgo, la implementación de medidas cautelares, y el seguimiento de los casos de defensores en riesgo.

Problemáticas y desafíos

A pesar de su existencia, el sistema enfrenta importantes limitaciones en cuanto a recursos y capacidad de respuesta. La falta de presupuesto adecuado, junto con los procesos administrativos que deben seguirse según la ley de contratación del Estado, dificulta la pronta implementación de medidas de protección. Además, la participación irregular de algunos actores, como los colegios de periodistas y abogados, reduce la eficacia del sistema.

Otro reto significativo consiste en la colusión de intereses económicos, políticos y criminales en algunas regiones del país, lo que incrementa la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos. Estas dificultades estructurales subrayan la necesidad de un enfoque integral para combatir las causas de la violencia y proteger a quienes se oponen a la explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Tabla 1
Entidades que Conforman el Sistema Nacional de Protección

Entidad	Rol
Secretaría de Derechos Humanos	Rectora del sistema
Dirección General del Sistema de Protección	Coordinación operativa de medidas de protección
Consejo Nacional de Protección	Órgano asesor y participativo, incluye sociedad civil
Comité Técnico	Dicta y otorga medidas de protección
Unidades Operativas (Dirección General)	Gestión de casos, análisis de riesgos, implementación y seguimiento

Nota. Elaboración propia.

Discusión y resultados

Según el análisis realizado, la efectividad de los mecanismos de protección en Honduras se ve afectada negativamente por una serie de limitaciones estructurales y operativas. Estos son los principales hallazgos del estudio a la luz del marco teórico y las experiencias prácticas:

Insuficiencia institucional y financiera

La falta de recursos financieros y humanos para garantizar una cobertura adecuada es una de las principales debilidades identificadas en los mecanismos de protección. El presupuesto asignado al Mecanismo Nacional de Protección es limitado, como han señalado Amnistía Internacional (2020) y OACNUDH (2022), lo que dificulta la implementación efectiva de medidas preventivas y de protección para los defensores en riesgo. En esa medida, Honduras se encuentra en una posición desfavorable en comparación con otros países de la región, como Colombia, que ha desarrollado un sistema de protección más amplio y con mayores recursos (Human Rights Watch, 2021).

En ese orden de ideas, la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos se ve comprometida por esta insuficiencia institucional desde una perspectiva de gobernanza de derechos humanos. Por lo tanto, la falta de recursos es perjudicial para la confianza de los defensores en las instituciones y fomenta la idea de que no hay castigo.

Desconfianza en las instituciones del Estado

La legitimidad y la confianza del Estado hondureño están en riesgo. Muchos defensores de derechos humanos ven a las autoridades judiciales y a las fuerzas de seguridad como parte del problema, lo que hace que los mecanismos de protección sean menos confiables. Numerosos casos en los que los actores estatales recibieron acusaciones de cometer o facilitar actos violentos contra defensores han reforzado esta percepción. Desde la perspectiva del Estado de derecho, esto representa una violación grave de los principios de imparcialidad y justicia porque las instituciones que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos se perciben como cómplices de las violaciones.

Implementación deficiente de medidas de protección

El análisis de casos demuestra que las medidas de protección del mecanismo a menudo llegan tarde o no son adecuadas para el nivel de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos. De acuerdo con lo expuesto, se han registrado casos en los que las medidas de protección física, como el acompañamiento policial, se retiraron de manera abrupta y sin razón aparente, lo que aumentó el riesgo para los defensores. La teoría de justicia transicional sostiene que estas decisiones no solo vulneran sus derechos, sino que también mantienen un ciclo de violencia e impunidad que debilita la capacidad del Estado para prevenir futuras agresiones.

El caso de Berta Cáceres, una defensora ambiental, es una ilustración clara de la ineficacia del sistema de protección. A pesar de haber recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue asesinada a los 44 años debido a su oposición a un proyecto hidroeléctrico promovido por la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) (Sierra Club, 2020). Por su parte, Juan López, un defensor de los bienes comunes, lo asesinaron durante una medida de protección. Sobre esto, la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenaron su asesinato y pidieron al Estado de Honduras que llevara a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, considerando su papel como defensor de los derechos humanos como posible móvil del crimen (CIDH, 2024).

Como resultado, estos casos muestran la vulnerabilidad de los defensores ambientales en Honduras, a pesar de las medidas cautelares que deberían protegerlos. Por consiguiente, la falta de protección del Estado refuerza un entorno de riesgo constante y expone las deficiencias estructurales del sistema de protección.

Comparación regional y lecciones aprendidas

Se pueden observar diferencias significativas en los mecanismos de seguridad de Honduras en comparación con los de otros países de América Latina. Por ejemplo, Colombia ha tenido un programa más sólido de protección para defensores de derechos humanos y la sociedad civil se ha involucrado más en la implementación de medidas (International Federation for Human Rights, 2020). Se podría argüir que esto demuestra que la participación de los defensores en el diseño y monitoreo de los mecanismos de protección puede ser un factor clave para mejorar su efectividad. Esto podría aplicarse a Honduras para lograr mejores resultados.

Tabla 2
Comparativa de Mecanismos de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia en Honduras, México y Colombia

País	Nombre del Mecanismo	Principales Desafíos	Buenas Prácticas
Honduras	Sistema Nacional de Protección para Defensores de DDHH, Periodistas y Operadores de Justicia	Falta de recursos, coordinación interinstitucional deficiente, lentitud en medidas de protección	Estructura institucional definida, participación de sociedad civil
México	Mecanismo de Protección para Defensores de DDHH y Periodistas	Falta de recursos, violencia concentrada en regiones específicas	Uso de tecnología para monitoreo de defensores, participación civil
Colombia	Programa de Protección para Defensores de DDHH, Líderes Sociales y Periodistas	Altos niveles de violencia, vulnerabilidad de defensores rurales y afrodescendientes	Equipos de respuesta rápida, enfoque diferenciado para altos riesgos

Nota. Elaboración propia.

Análisis comparativo

La evaluación de los mecanismos de seguridad en Honduras en relación con los de otros países de la región, como México y Colombia, muestra tanto similitudes como diferencias importantes, las cuales pueden ser útiles para mejorar la eficacia del sistema hondureño. A pesar de ser bien organizado institucionalmente, el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras enfrenta desafíos significativos en su ejecución. En efecto, la falta de recursos financieros adecuados, la complejidad burocrática para otorgar medidas de protección oportunas y la falta de coordinación interinstitucional son algunos de estos problemas. Adicionalmente, la situación actual de violencia y criminalización de defensores de bienes comunes, como el caso de Berta Cáceres y Juan López, demuestra la ineficacia del mecanismo en situaciones de alto riesgo, incluso cuando se aplican medidas cautelares.

Sin embargo, México tiene el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual se ha elogiado por su estructura a múltiples niveles y por su incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones. No obstante, también enfrenta desafíos similares a los de Honduras, como la ausencia de recursos y la demora en la ejecución de acciones. En México, un problema adicional se basa en la alta concentración de violencia en ciertas áreas, lo que dificulta la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en áreas rurales o controladas por el crimen organizado. Sin embargo, existe una buena práctica en México que consiste en utilizar herramientas tecnológicas para vigilar la situación de los defensores, lo que podría ser una lección valiosa para Honduras.

En ese sentido, el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas en Colombia se ha convertido en uno de los más avanzados de la región gracias a la cooperación interinstitucional y a la implementación de un enfoque único que considera el riesgo de cada beneficiario. A pesar de esto, los defensores rurales y afrodescendientes siguen siendo los más afectados por la violencia en Colombia. Sobre esto, se determinó que la creación de equipos de respuesta rápida y la posibilidad de otorgar medidas de protección excepcionales en zonas de alto riesgo es una lección importante que Colombia ha aprendido, lo que ha contribuido a disminuir el número de asesinatos de defensores en algunas áreas.

En síntesis, los mecanismos en Honduras, México y Colombia comparten la necesidad de brindar protección integral a los defensores, agentes de justicia y periodistas. Sin embargo, las disparidades en la ejecución y eficacia indican áreas de mejora para Honduras. Por otro lado, la integración de tecnología y la adopción de enfoques diferenciados y de respuesta rápida son buenas prácticas que México y Colombia pueden usar para fortalecer el sistema hondureño. Estas mejoras podrían disminuir la fragilidad de los defensores y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar las amenazas.

Papel de la comunidad internacional

Finalmente, se destacó que Honduras se ha impulsado por la presión internacional para llevar a cabo ciertas medidas de protección. No obstante, esta presión no ha sido suficiente para efectuar transformaciones estructurales significativas. En ese sentido, la CIDH y Human Rights Watch han ayudado a denunciar violaciones, pero se necesita una mayor colaboración entre actores internacionales, el Estado y las organizaciones locales para fortalecer los mecanismos de protección existentes.

Tabla 3
Casos en el Sistema de Protección Individuales y Colectivos Activos (2024)

Tipo de Beneficiario	Casos Individuales	Casos Colectivos	Total
Defensores de Derechos Humanos	72	630	702
Operadores (as) de Justicia	4	54	58
Periodistas	2	2	4
Comunicadores Sociales	2	38	40
Total, Casos	80	724	804

Nota. Elaboración propia.

La distribución de casos individuales y colectivos en el Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Honduras durante el año 2024 se muestra en la Tabla 3. Los defensores de derechos humanos, los operadores de justicia, los periodistas y los comunicadores sociales son los cuatro tipos de beneficiarios que se enumeran en la tabla. En total, el sistema protege a 804 casos, de los cuales 724 son colectivos y 80 individuales.

Análisis de Beneficiarios

1. Defensores de derechos humanos: Del total de 702 casos dentro del sistema de protección, este grupo representa la mayoría (72 individuales y 630 colectivos). Esto representa alrededor del 87.3 % de todos los casos. La gran cantidad de casos colectivos (630) indica que los defensores de derechos humanos, particularmente aquellos que protegen bienes públicos y comunes, enfrentan amenazas significativas que afectan a comunidades enteras.
2. Operadores(as) de Justicia: Los operadores de justicia tienen 58 casos, de los cuales 4 son individuales y 54 son colectivos. A pesar de que estos casos representan solo el 7.2 % del total, su gran cantidad señala que las amenazas pueden estar relacionadas con esfuerzos organizados en defensa de la justicia.
3. Periodistas y Comunicadores Sociales: Hay 44 casos activos de periodistas y comunicadores sociales, con 4 de periodistas y 40 de comunicadores sociales. De los casos individuales, 38 son de comunicadores sociales. Esto demuestra la vulnerabilidad creciente de la prensa, especialmente los medios comunitarios o rurales, que podrían estar relacionados con la cobertura de corrupción o conflictos territoriales.

Discusión

• Desigualdad en la Protección de Grupos: La distribución de casos demuestra una fuerte concentración de esfuerzos en los defensores de derechos humanos, quienes son responsables de la mayoría de los casos bajo protección. Lo anterior puede indicar que los defensores se enfrentan a amenazas más frecuentes o graves debido a la naturaleza de su trabajo de proteger los derechos colectivos y los recursos naturales.
• Riesgo Colectivo frente a Individual: Es sorprendente que los casos colectivos superen ampliamente a los casos individuales. Como resultado, esto muestra que las amenazas no se dirigen solo a individuos, sino también a comunidades o grupos organizados. En particular, los defensores de derechos humanos parecen estar expuestos a una vulnerabilidad estructural, especialmente en contextos de conflictos territoriales y explotación de recursos naturales.
• Implicaciones para el Sistema de Protección: El enfoque mayoritario en casos colectivos indica que el sistema necesita mecanismos especializados para salvaguardar comunidades completas. La gestión de casos colectivos podría requerir recursos adicionales, coordinación interinstitucional e implementación de políticas públicas que no solo ofrezcan protección, sino que también aborden las causas estructurales de las amenazas.
• Relación entre Amenazas y Contexto Sociopolítico: La frecuencia de casos en defensores de derechos humanos y comunicadores sociales demuestra la necesidad de comprender el contexto sociopolítico de Honduras. Al respecto, parece que la criminalización de la defensa de los bienes comunes, así como los riesgos asociados con la cobertura mediática de temas delicados como el narcotráfico o la corrupción, son factores clave en la exposición de estos grupos a amenazas.

Resultados

El análisis de los datos revela los siguientes resultados clave:

1. Debilidad en la implementación del mecanismo de protección: La aplicación del Mecanismo Nacional de Protección en Honduras presenta deficiencias significativas, principalmente debido a la falta de recursos asignados y la baja capacidad operativa de las instituciones responsables. En consecuencia, se determinó que la desconfianza hacia las autoridades, tanto por parte de los defensores de derechos humanos como de la sociedad civil en general, ha debilitado las medidas de protección. Por consiguiente, estos factores han llevado a un sistema inflexible que no responde a las amenazas a tiempo y pone a los beneficiarios en mayor riesgo.

2. Vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos: A pesar de la existencia de mecanismos de protección, los defensores de derechos humanos, particularmente aquellos que luchan por los derechos territoriales y ambientales, siguen siendo extremadamente vulnerables. La situación se ve agravada por los altos niveles de violencia e impunidad en el país, así como por la falta de voluntad política y la connivencia entre actores estatales y privados. Los casos de los asesinatos de Berta Cáceres y Juan López, quienes eran defensores ambientales y estaban protegidos con medidas cautelares, resaltan las graves deficiencias en la protección.

3. Enseñanzas de otros países: En comparación con Colombia y México, se han identificado buenas prácticas que podrían implementarse en Honduras. Por lo tanto, la participación de la sociedad civil en el seguimiento de los mecanismos de protección en Colombia ha demostrado ser una estrategia efectiva para garantizar la transparencia y mejorar la respuesta institucional. Asimismo, los sistemas de protección en estos países se han fortalecido mediante la implementación de un enfoque diferente para los defensores que enfrentan altos niveles de riesgo y la creación de equipos de respuesta rápida. En ese sentido, para fortalecer su propio sistema, Honduras podría beneficiarse de la adopción de estas prácticas.

4. Es necesario ejercer una mayor presión a nivel internacional: Aunque se han logrado ciertas mejoras, la colaboración internacional sigue siendo esencial para lograr transformaciones importantes en Honduras. En varios casos, la presión externa ha sido crucial para llevar a cabo investigaciones y castigos relacionados con violaciones de derechos humanos. No obstante, es esencial reforzar el respaldo global para asegurar que las reformas no se limiten a mejoras superficiales, sino que se transformen en transformaciones significativas y duraderas que protejan adecuadamente a los defensores de los derechos humanos.

Conclusiones

El estudio actual ha demostrado varias facetas importantes que tienen un impacto en la protección de los defensores de derechos humanos en Honduras. En ese orden de ideas, se identificó que el Mecanismo Nacional de Protección es ineficaz debido a la falta de recursos y la falta de confianza en las instituciones del Estado. Esta situación hace que su capacidad para proteger a quienes se dedican a proteger los derechos fundamentales sea muy limitada.

Los defensores de derechos humanos, particularmente los defensores de los derechos territoriales y ambientales siguen siendo vulnerables a niveles alarmantes de riesgo a pesar de las medidas tomadas. Por consiguiente, esta vulnerabilidad hace que sea necesario implementar estrategias más sólidas y efectivas para asegurar su seguridad.

Por otro lado, la experiencia de otros países, como Colombia, indica que la participación de la sociedad civil en el monitoreo y seguimiento de los mecanismos de protección podría ser una estrategia útil para fortalecer el sistema en Honduras. Además, hay prácticas que demuestran ser efectivas en otros contextos, como la creación de equipos de respuesta rápida y un enfoque diferente para las personas en altos riesgos. En efecto, estos métodos no solo mejoran la capacidad de respuesta ante amenazas, sino que también promueven una mayor responsabilidad.

Aunque se han logrado ciertas mejoras, es esencial que la colaboración internacional se intensifique para fomentar transformaciones importantes y sostenibles en el ámbito de los derechos humanos en Honduras. La presión externa puede ayudar a implementar políticas que protejan a los defensores y sus actividades. De igual manera, la gran cantidad de casos colectivos hace que el Sistema Nacional de Protección sea muy desafiante. Por tal motivo, es esencial fortalecer este sistema mediante la asignación de recursos adicionales y la implementación de políticas que aborden las causas subyacentes de las amenazas. Adicionalmente, dado que los periodistas y comunicadores sociales son cruciales para la transparencia y la denuncia de abusos, la protección de ellos debe seguir siendo una prioridad.

Como contraposición, para asegurar la protección y el bienestar de los defensores de derechos humanos en Honduras es esencial corregir las deficiencias del sistema de protección actual, fomentar la participación de la sociedad civil y mejorar la cooperación internacional. Solo a través de estos esfuerzos completos se podrá crear un entorno más seguro y favorable a la defensa de los derechos humanos en la nación.

Cita

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