Este artículo examina cómo funcionan los mecanismos de protección de los derechos humanos en Honduras y cómo protegen a los defensores y defensoras de estos derechos. El país se ha posicionado como uno de los más peligrosos para activistas y defensores de derechos humanos debido a la alta incidencia de agresiones y asesinatos. En este contexto, el estudio examina las normas y políticas públicas actuales y su implementación, identificando los desafíos y las oportunidades para mejorar la protección.Se utilizó un enfoque cualitativo para realizar una revisión exhaustiva de la legislación, informes nacionales e internacionales y casos emblemáticos que ilustran la situación de los defensores en el país. Además, se llevaron a cabo comparaciones entre los mecanismos de protección de Honduras y los de otros países de la región, como México y Colombia, con el objetivo de identificar prácticas buenas. Este análisis es esencial para comprender cómo el Estado puede reforzar su compromiso con la protección de los derechos humanos. Los hallazgos muestran una gran discrepancia entre la elaboración de políticas y su ejecución, afectada por la falta de recursos y coordinación institucional. A pesar de los progresos en la legislación, siguen existiendo obstáculos significativos para garantizar una protección efectiva. Se llega a la conclusión de que el Estado debe proteger a los defensores de derechos humanos mediante la mejora de la aplicación de la ley, la inclusión de las comunidades afectadas y la cooperación internacional.
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